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El fiscal abre diligencias penales contra tres cargos del PP por el trolebús en Ribalta.
La Fiscalía encuentra indicios para la investigación y unifica en un expediente las denuncias de Iniciativa y SOS Ribalta. Notifica a Alberto Fabra, Dómine y Moliner que se les investiga por posibles delitos de prevaricación y contra el patrimonio.
NACHO MARTÍN CASTELLÓ
La Fiscalía de Castelló ha abierto diligencias de investigación penal contra tres altos cargos del Partido Popular para investigar posibles delitos derivados del paso del trolebús por el parque Ribalta -protegido como Bien de Interés Cultural-, según confirmaron ayer fuentes de la Audiencia Provincial.
Esta decisión surge después de que el fiscal haya encontrado suficientes indicios para abrir una investigación penal a raíz de las denuncias presentadas por el partido Iniciativa y la Plataforma SOS Ribalta debido a las obras del trolebús en Ribalta.
La documentación de ambas denuncias se acumulará en el mismo expediente de diligencias penales (136/09) por posibles delitos de prevaricación y contra el patrimonio, en virtud del cual se indagará sobre la supuesta implicación del alcalde de Castelló -Alberto Fabra-, el vicealcalde -Javier Moliner-, y el director general de Transportes de la Generalitat Valenciana, Vicente Dómine.
Los tres dirigentes populares ya han recibido la notificación oficial de la fiscalía y este trámite da continuidad a un periodo de investigación enmarcado en un contexto de oposición social avalado por más de 20.000 firmas ciudadanas y cinco informes desfavorables de organismos consultivos de la Generalitat Valenciana (Consell Valencià de Cultura, Academia de Bellas Artes de San Carlos, Universitat Politécnica de Valencia, Universitat de Valencia y Universitat Jaume I de Castelló).
Por el momento, queda en el aire el destino de una tercera denuncia presentada por el grupo municipal socialista ante la Fiscalía Anticorrupción, organismo que ya ha dado traslado a la Fiscalía de Castelló para que investigue por los mismos delitos (prevaricación y agresión al patrimonio) a los responsables políticos del Ayuntamiento de Castelló, la Conselleria de Infraestructuras y la Conselleria de Cultura.
Las denuncias exponen un mínimo de 9 irregularidades
Las denuncias interpuestas por la Plataforma SOS Ribalta, Iniciativa y el PSPV argumentan que al menos tres dirigentes del Partido Popular podrían haber incurrido en un comportamiento delictivo por haber adoptado decisiones que supuestamente suponen una agresión contra un patrimonio protegido y por ser al tiempo conocedores de la supuesta ilegalidad de las actuaciones.
SOS Ribalta, formada por más de una veintena de colectivos castellonenses, expone un mínimo de 8 supuestas irregularidades motivadas por decisiones políticas en la ejecución del proyecto de la plataforma del Tram dentro del parque Ribalta.
La plataforma alega que el parque Ribalta constituye una unidad protegida como Bien de Interés Cultural desde 1981 y que el Ayuntamiento de Castelló incumple desde 1999 su obligación de aprobar un plan especial de protección según los plazos que marca la Ley 4/98 del Patrimonio Cultural Valenciano y según los condicionantes del permiso de obras de Cultura. También aduce que el PP recalificó en el año 2000 el parque e introdujo en el mismo el vial del trolebús sin contar con el preceptivo permiso de Patrimonio.
Las argumentaciones de Iniciativa y del PSPV coinciden en su práctica totalidad, con la salvedad de que el grupo socialista también aporta un informe de técnicos de la Conselleria de Cultura donde "se habla claramente de presiones políticas a los técnicos para autorizar el paso del TVRCAS (trolebús) y se pide la intervención de los servicios jurídicos de la Generalitat frente a una licitación de obra que se aprobó sin contar con el preceptivo dictamen de Cultura".
Por su parte, el Consell y el ayuntamiento prosiguen la obra y prevén finalizarla después del verano.